Esta semana se cumplen ocho años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), organismo creado en 2003 para investigar y desentrañar las causas de los hechos  de violencia ocurridos entre 1980 y el 2000 en el Perú.

Los hechos ahí expuestos suponen quizá el capítulo más negro de la historia republicana del país, porque no hubo en todas las guerras o conflictos armados vividas en el Perú tal cantidad de muertos y daños sociales y económicos.

La historia ahí expuesta es la de de cómo un grupo de peruanos  liderados por un desquiciado profesor de filosofía (Abimael Guzmán Reynoso) intentan armar una revolución que devuelva el poder al pueblo. Sendero Luminoso y el MRTA fueron los responsables iniciales de la violencia desatada como parte de su proyecto totalitario y subversivo de tomar el poder por las armas.

Es también una historia de dolor, de muerte y secuestro, de persecución y  corrupción. Es la historia de 70 mil peruanos, según  cifras presentadas en el informe de la CVR, que murieron en dos décadas de violencia. Los mecanismos de muerte más frecuentes fueron las torturas, las ejecuciones extrajudiciales, los atentados terroristas y las desapariciones forzadas.

Es a la vez una historia de exclusión y marginación, esas que desencadenan el resentimiento y odio en los peruanos más vulnerables y que los empuja a tomar el camino de las armas y la violencia. Es la historia de gobiernos incapaces e indolentes que respondieron represivamente sin respetar los derechos humanos. Gobiernos indiferentes de las condiciones de miseria en que vivían millones de peruanos.

Es asimismo una historia del poder dictatorial, que se origina para frenar la locura desatada, y que utiliza los medios más repudiables de represión contra población inocente y que opera desde la clandestinidad escuadrones de la muerte (Grupo Colina, Escuadrón Rodrigo Franco) para atrapar a terroristas. Quienes justifican sus actos criminales como una situación de fuerza  por la gravedad de los hechos están equivocados, porque el uso del asesinato, la tortura y la represión contaminan irremediablemente sus fines por más elevados que estos se proclamen.

Es la historia también de peruanos valientes que se organizaron civilmente (rondas campesinas, comités de autoayuda) para hacerle frente a la subversión. Muchos murieron, pero su accionar marcó un ejemplo de determinación colectiva y solidaria.

Es una historia de búsqueda de la verdad y justicia, porque miles de familias perdieron a sus seres queridos, niños perdieron a sus padres, padres perdieron a sus hijos ejecutados injustamente por militares o por terroristas y no encontraron hasta ahora culpables o una reparación que los reivindique (La CVR ha propuesto un plan de reparaciones económicas a las víctimas de terrorismo, que se viene ejecutando desde el gobierno de Toledo)

Pero es también una historia de reconciliación, para admitirnos como una sociedad diferente, diversa y plural en muchos sentidos; lo que involucra tolerarnos, entendernos y reconciliarnos.

Es al fin y al cabo nuestra historia. Una historia colectiva que involucra a todos los peruanos. Es una historia que jamás debemos olvidar, para extraer de ahí las lecciones necesarias para que ella no se vuelva a repetir. Es una historia que nos exige desterrar las prácticas malsanas de la discriminación, la exclusión y la segregación. Es una historia que reclama a los gobernantes a acabar con la pobreza y la desigualdad en el país, porque es en la diferencia de clases, en la marginación y en la miseria donde las ideas extremistas encuentran cabida  y se extienden como solución a la situación persistente.

Es una historia que exige el compromiso colectivo de no repetir los errores que nos llevaron a tal situación. Mientras exista en el país intolerancia, racismo, exclusión y desentendimiento corremos aún el riesgo de volver a las condiciones iniciales que posibilitaron que los hechos de violencia se desencadenen.

Bien dicen que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla.